El sector de la investigación privada en España ha encontrado en las bajas laborales presuntamente fraudulentas uno de sus principales ámbitos de actuación. Cada vez son más las empresas que recurren a detectives privados cuando sospechan que algún trabajador ha obtenido una incapacidad temporal mediante falsedades con el objetivo de cobrar sin trabajar. Según los datos aportados, en el 90% de los casos las sospechas de las empresas terminan confirmándose.
De acuerdo con La Sociedad Clave, un foro de detectives privados, las bajas laborales en España se han incrementado cerca de un 85% desde la pandemia de COVID-19. Esta situación estaría generando unas pérdidas anuales de unos 29.000 millones de euros. La entidad señala que cada día faltan en su puesto de trabajo 1,56 millones de personas. Dentro de este volumen, una parte correspondería a bajas fraudulentas: trabajadores que consiguen una incapacidad temporal a partir de información falsa para seguir cobrando sin ejercer su trabajo.
Cuando una empresa sospecha que un empleado está haciendo un uso fraudulento de la baja, no puede proceder directamente al despido sin pruebas. De lo contrario, el cese podría ser declarado improcedente. Si esto sucede, en la mayoría de las situaciones el trabajador despedido puede elegir entre recibir una indemnización elevada, calculada según los años trabajados, o ser readmitido en la empresa.
Por este motivo, muchas compañías optan por contratar detectives privados que puedan acreditar si la baja es realmente fraudulenta. Este tipo de investigaciones puede llegar a evitar indemnizaciones de entre 10.000 y 30.000 euros. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social también recurren habitualmente a estos servicios para detectar posibles irregularidades.
En este contexto, La Sociedad Clave prevé que en el año 2026 se alcancen los 10 millones de incapacidades temporales, lo que supondría un aumento de casi el 7% respecto a 2024. Según el sector, esta tendencia refleja una curva ascendente de personas que solicitan o mantienen bajas sin una necesidad real. El grupo que más ha crecido es el de los menores de 35 años, con un incremento del 67% desde la pandemia. Además, las bajas cada vez se prolongan más: han pasado de una media de 40 días a 46 en los últimos años.
Los profesionales de la investigación privada diferencian diversos perfiles de defraudadores. Por un lado, hay personas que sí se encuentran inicialmente de baja, pero que intentan prolongar la situación tanto como pueden alegando determinadas dolencias. Por otro, hay trabajadores que aprovechan la baja para ejercer otra actividad laboral, a menudo cobrando en negro. Las bajas de carácter psicológico son, según estos expertos, las más difíciles de demostrar.
Un investigador privado ha expuesto a Libertad Digital un caso reciente de este último perfil. Se trataba de una mujer joven que trabajaba como secretaria y que había solicitado una baja por depresión. Su jefe comenzó a sospechar después de que otro trabajador, que la seguía en redes sociales, comentara que la secretaria publicaba contenidos donde aparecía de viaje y aparentemente “muy feliz” con su pareja.
La empresa contrató a un investigador privado, que pudo demostrar que la baja era fraudulenta. Los seguimientos pusieron de manifiesto que la trabajadora mantenía una vida “muy activa” y, además, aportaron pruebas de que varias noches a la semana trabajaba en un bar para obtener ingresos extra. No constaba dada de alta en este establecimiento, pero, según el relato del investigador, era evidente que allí trabajaba y cobraba en negro, ya que pasaba la noche “sirviendo copas en la barra”.
Más allá de las bajas laborales, las empresas también contratan detectives privados para otros conflictos internos. Una empresaria ha explicado al mismo medio cómo logró acreditar un despido procedente de una empleada que intentaba perjudicar la reputación de su tienda de ropa.
En este caso, la trabajadora no estaba de baja, pero su hijo tenía una tienda de características similares. Cuando entraban clientes y se le presentaba la oportunidad, la empleada les decía que la ropa de la tienda donde trabajaba era falsa y de mala calidad. También afirmaba que los propietarios la trataban mal y, cuando conseguía generar empatía con los compradores, les recomendaba visitar el negocio de su hijo.
Después de contratar un investigador privado, varias personas se hicieron pasar por clientes. De este modo, los propietarios pudieron demostrar que la trabajadora repetía este comportamiento de manera habitual.
